La Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) y 58 agencias colegas a cargo del cumplimiento de la ley de cada estado de la Nación y del Distrito de Columbia han presentado cargos contra cuatro falsas organizaciones de caridad relacionadas con el cáncer y sus operadores por estafar a los consumidores por más de $187 millones de dólares. Los demandados les dijeron a los donantes que su dinero se usaría para ayudar a pacientes con cáncer, entre ellos mujeres que padecen cáncer de seno y niños con cáncer, pero la abrumadora mayoría de las donaciones solo benefició a los perpetradores, sus familias y amigos y a sus recaudadores de fondos. Esta es una de las más importantes acciones entabladas por las autoridades hasta la fecha contra el fraude de caridad.
Las partes mencionadas en la demanda presentada ante la corte federal son Cancer Fund of America, Inc. (CFA), Cancer Support Services Inc. (CSS), su presidente, James Reynolds, Sr., y su director financiero y ex presidente de CSS, Kyle Effler; Children’s Cancer Fund of America Inc. (CCFOA), y su presidenta y directora ejecutiva, Rose Perkins; y The Breast Cancer Society Inc. (BCS) y su director ejecutivo y ex presidente, James Reynolds II.
CCFOA y Perkins, BCS, Reynolds II, y Effler han aceptado resolver los cargos presentados en su contra. Bajo los términos de las órdenes de acuerdo propuestas, Effler, Perkins y Reynolds II tendrán prohibido participar en actividades de recaudación de fondos, gestión de organizaciones de caridad y supervisión de bienes caritativos, y se disolverán las organizaciones CCFOA y BCS. El litigio contra CFA, CSS y James Reynolds Sr. continuará su curso.
Jessica Rich, Directora del Buró de Protección del Consumidor de la FTC dijo al respecto: “El cáncer es una enfermedad debilitante que cada año impacta a millones de estadounidenses y a sus familias. El atroz esquema de los demandados privó a las organizaciones de caridad relacionadas con el cáncer y que trabajan en favor de los pacientes con cáncer de los fondos que tanto necesitan y que tanto los ayudan. Los demandados se apropiaron de donaciones por valor de millones de dólares destinadas a ayudar a los pacientes con cáncer, pero gastaron esos fondos en su beneficio y en el de sus recaudadores de fondos. Me complace que la FTC y nuestros colegas estatales estén actuando para poner fin a este esquema atroz.”
El Fiscal General de Virginia Mark Herring dijo: “Las alegaciones de recaudación de fondos para beneficio personal en nombre de los niños con cáncer y las mujeres que están luchando contra el cáncer de seno son simplemente vergonzosas. Esta es la primera vez que la FTC, la totalidad de los 50 estados, y el Distrito de Columbia han presentado una acción conjunta de cumplimiento de ley alegando solicitudes de fondos engañosas por parte de entidades de caridad y espero que sirva como una enérgica advertencia para todos aquellos que traten de aprovecharse de la bondad y generosidad de los demás.”
El Secretario de Estado de Carolina del Sur Mark Hammond dijo: “Cuando las entidades de caridad les mienten a sus donantes, es nuestro deber intervenir para protegerlos. Pero al mismo tiempo, esta acción histórica debe recordarles a todos que deben estar atentos cuando hagan donaciones a entidades de caridad. Este caso ejemplifica de manera desafortunada lo que siempre les digo a mi electorado: que donen con el corazón pero que lo hagan usando la cabeza.”
Según la demanda, los demandados usaron llamadas de telemercadeo, el sistema de correo directo, sitios web, y materiales distribuidos por la campaña llamada Combined Federal Campaign, que recauda dinero entre los empleados federales para organizaciones sin fines de lucro, para presentarse a sí mismos como organizaciones de caridad legítimas con importantes programas que brindan apoyo directo a pacientes con cáncer de Estados Unidos, como proveer medicaciones analgésicas, transporte a sesiones de quimioterapia y atención paliativa. De hecho, en la demanda se alega que estas declaraciones eran engañosas y que las organizaciones de caridad “operaron como feudos personales caracterizados por un nepotismo rampante, flagrantes conflictos de intereses y una remuneración interna excesiva, sin ninguno de los controles financieros y administrativos que cualquier entidad de caridad de buena fe tendría que haber adoptado”.
Según la demanda, los demandados usaron las organizaciones para dar empleo remunerado a familiares y amigos, y gastaron las donaciones de los consumidores en carros, viajes, cruceros lujosos, matrículas de universidades, membresías de gimnasios, excursiones de esquí, boletos para eventos deportivos y conciertos, y membresías de sitios de citas. Los demandados contrataron recaudadores de fondos profesionales que a menudo recibían el 85 por ciento o más de cada donación.
En la demanda se alega que con el fin de ocultarles a los donantes y a las autoridades de regulación sus altos costos administrativos y de recaudación de fondos, los demandados inflaron falsamente sus ingresos reportando más de $223 millones de dólares en “donaciones en especie” en documentos financieros presentados públicamente, suma que dijeron haber distribuido a destinatarios internacionales. De hecho, los demandados fueron meros agentes intermediarios de dichas mercaderías. Al reportar un mayor valor por las donaciones en especie, los demandados generaron la ilusión de que eran una organización de mayor volumen y de que eran más eficientes con el dinero aportado por los donantes de lo que eran en la realidad. Treinta y seis estados alegaron que los demandados presentaron declaraciones financieras falsas y engañosas ante las autoridades estatales a cargo de la regulación de las organizaciones de caridad.
Además, la FTC y 36 estados acusaron a CFA, CCFOA y BCS de entregarles materiales de recaudación engañosos a recaudadores de fondos profesionales. La FTC y los fiscales generales también acusaron a los demandados de infringir la Regla de Ventas de Telemercadeo (TSR) de la FTC, a las organizaciones CFA, CCFOA y BCS de colaborar y facilitar las infracciones a la TSR, y a CSS por efectuar pedidos engañosos de donaciones de caridad.
Además de las prohibiciones impuestas a los demandados individuales que aceptaron el acuerdo resolutorio que les impide trabajar en actividades de caridad, y la disolución de las dos corporaciones CCFOA y BCS, la orden final propuesta contra CCFOA y Rose Perkins les impone una sentencia de $30,079,821, que corresponde a la suma donada por los consumidores entre 2008 y 2012. La sentencia contra CCFOA será parcialmente cubierta por medio de la liquidación de sus bienes; la sentencia contra Perkins quedará en suspenso debido a su incapacidad de pago.
Las órdenes finales propuestas contra BCS y Reynolds II les imponen una sentencia monetaria de $65,564,360, que corresponde a la suma donada por los consumidores entre 2008 y 2012. La orden contra BCS dispone una opción que está sujeta a la aprobación de la Corte, por escindir y traspasar su programa Hope Supply Warehouses a una organización de caridad legítima y calificada. El resto de los activos de BCS se liquidará y el monto obtenido se usará para cumplir parcialmente la sentencia. La sentencia contra Reynolds II se suspenderá cuando haga efectivo el pago de $75,000.
La orden final propuesta contra Effler le impondrá una sentencia monetaria de $41,152,231, que corresponde a la suma que los consumidores le donaron a CSS entre 2008 y 2012. La sentencia se suspenderá mediante el pago de $60,000. En caso que se descubra que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán asumir inmediatamente el pago total de la sentencia monetaria.
El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue 5-0. Los documentos se presentaron ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona. Las órdenes propuestas están sujetas a la aprobación de la Corte.
NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada, y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. Las órdenes estipuladas adquieren fuerza de ley cuando son firmadas por el juez de la Corte de Distrito.
Antes de hacer una donación a una organización de caridad, lea el artículo de la FTC Estafas de caridad.
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