La FTC obtiene más de $3.3 millones de dólares para los consumidores; los demandados aceptan una inhibición permanente para operar en el negocio de cobranza de deudas

El esquema estuvo frecuentemente dirigido contra consumidores hispanohablantes, los demandados se hicieron pasar por agentes de notificación y abogados

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Bajo los términos de un acuerdo resolutorio con la Comisión Federal de Comercio (FTC), los dos principales propietarios de Rincon Debt Management, Jason R. Begley y Wayne W. Lunsford, han aceptado ceder activos por un valor de más de $3.3 millones de dólares que se usarán para proveer rembolsos a las víctimas. Los dos demandados también quedan inhibidos de manera permanente para participar en el negocio de cobranzas de deudas.

La litigación contra varias compañías utilizadas por Begley y Lunsford como parte de su esquema de cobranza de deudas continúa. La operación con base en Corona, California cobró deudas en toda la nación.

Este acuerdo, que forma parte de los continuos esfuerzos llevados a cabo por la FTC para refrenar las prácticas ilegales de cobranza de deudas, resuelve las alegaciones de la FTC en cuyos términos se establecía que desde abril de 2009 hasta octubre de 2011, fecha en que la Corte clausuró la operación a petición de la FTC, Begley y Lunsford engañaron y maltrataron a consumidores hispanohablantes y angloparlantes – efectuando falsas amenazas diciendo que los consumidores habían sido demandados o que podrían ser arrestados por deudas que frecuentemente no adeudaban.

Jessica Rich, Directora del Buró de Protección del Consumidor de la FTC dijo al respecto: "Estos cobradores de deudas dirigieron sus operaciones contra consumidores hispanohablantes y contra otras personas que tenían problemas de dinero, y se aprovecharon de ellos usando tácticas de cobranza abusivas, lo cual constituye una violación de la ley federal."

En su demanda, la FTC alegó que los demandados infringieron las disposiciones de la Ley de la FTC y de la Ley de Cobranza Imparcial de Deudas llamando a los consumidores, a sus empleadores, familiares, amigos y vecinos, haciéndose pasa por agentes de notificación que procuraban entregar papeles legales supuestamente relacionados con una demanda judicial. En algunos casos, los demandados amenazaron a los consumidores diciéndoles que serían arrestados si no respondían a las llamadas. La FTC alegó que los demandados y sus empleados también se hicieron pasar por abogados o empleados de una firma legal – exigiéndoles a los consumidores el pago de “costas judiciales” y “cargos legales" – aún cuando la operación no había presentado ninguna demanda contra los consumidores. Además, en varios casos, los consumidores ni siquiera debían la deuda que los demandados estaban tratando de cobrarles.

Además de ordenar una inhibición de carácter permanente que les prohíbe participar en la prestación de servicios de asistencia para la reducción del endeudamiento, a Begley y Lunsford se les prohíbe tergiversar las características de cualquier producto o servicio financiero, incluyendo servicios de préstamo, reparación de crédito, asistencia para reducción del endeudamiento, y asistencia para deudores hipotecarios.

La orden impone una sentencia monetaria de $23 millones de dólares contra los demandados, que será suspendida debido a su incapacidad de pago, con la excepción de $3 millones de dólares de fondos congelados y retenidos por el administrador judicial y de los activos personales que ambos demandados han aceptado entregar. Begley debe ceder los derechos de más de 3,500 monedas American Eagle de oro y de plata. También pagará una sentencia monetaria por desacato de $176,115 por haber vendido su casa y algunas otras monedas, lo cual constituye una violación de la orden de congelamiento de activos que le fue impuesta como parte del caso de la FTC. Lunsford debe pagar una sentencia monetaria por desacato de $134,000 por el dinero que obtuvo por la venta de su casa, lo cual constituye una violación a la orden de congelamiento de activos. Si se determina que la información financiera suministrada por los demandados a la FTC es falsa, se les exigirá el pago del monto total de la sentencia establecido en $23 millones de dólares.   

Para consultar información para consumidores sobre cómo lidiar con los cobradores de deudas, vea Cobranza de deudas.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la propuesta de orden de acuerdo por consentimiento fue 4-0. La FTC presentó la propuesta de orden de acuerdo por consentimiento ante la Corte Federal para el Distrito Central de California y fue aprobada por la Corte en fecha 28 de marzo de 2014.

NOTA: Las órdenes de acuerdo por consentimiento adquieren fuerza de ley cuando son firmadas por el juez de la Corte de Distrito.

La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja en inglés o en español visite el Asistente de Quejas en línea  de la FTC o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que es utilizada por más de 2,000 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero. El sitio Web de la FTC provee información gratis sobre una variedad de temas del consumidor. Haga clic en la opción “me gusta” la FTC en Facebook, “síganos” en Twitter, y suscríbase a los comunicados de prensa para acceder a las noticias y recursos más recientes de la FTC.

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