La FTC Da Otro Paso Adelante en su Campaña contra los Estafadores que Dirigen sus Operaciones contra Personas que Están Atravesando Dificultades Financieras

Hoy, la Comisin Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) dio otro paso adelante en su continua campaa contra los estafadores que prometen falsamente trabajos garantizados y oportunidades de ser su propio jefe a consumidores que estn lidiando con el desempleo y con la reduccin de sus ingresos como resultado de la recesin econmica.

Hoy se anunció la “Operación Empty Promises”, un operativo de cumplimiento de la ley llevado a cabo por varias agencias que comprende más de 90 acciones de cumplimiento, entre las que se incluyen tres nuevos casos de la FTC y avances en otros siete asuntos tramitados por la agencia, 48 acciones penales del Departamento de Justicia (varias de ellas presentadas con la ayuda del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos), siete acciones civiles del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y 28 acciones cursadas por agencias estatales de cumplimiento de ley.

En la conferencia de prensa llevada a cabo en la FTC, el Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC David Vladeck estuvo acompañado por Tony West, Subsecretario a cargo de la División Civil del Departamento de Justicia; Greg Campbell, Subinspector del Servicio de Inspección Postal de EE.UU., Roy Cooper, Fiscal General de Carolina del Norte; y también por un consumidor de California que invirtió en una oportunidad de negocio en Internet.

“Las victimas de estas estafas son nuestros vecinos – gente que está tratando de ganarse la vida”, dijo David C. Vladeck, Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC. Y agregó: “Bajo la presión de sobrevivir, responden a la promesa de encontrar un trabajo, ganar ingresos – o a la oportunidad de manejar un negocio exitoso desde su casa – y ponen en riesgo sus limitados recursos económicos. Pero las promesas resultaron ser falsas – y las personas que creyeron en ellas terminaron aún más frustradas y endeudadas”.

La FTC ha actualizado materiales de educación para consumidores para ayudarlos a evitar estas estafas en ftc.gov/oportunidadesdenegocio. También se puede ver un video en inglés que cuenta con la participación de Daniel Hanks, uno de los abogados de la FTC.

Operación Empty Promises: Acciones de Cumplimiento de Ley de la FTC

La FTC anuncio en el día de la fecha tres nuevas acciones de cumplimiento de ley y los avances producidos en otros siete asuntos.

Presuntamente, Ivy Capital Inc. y 29 co-demandados* le han sustraído más de $40 millones de dólares a personas que pagaron miles de dólares creyendo que Ivy Capital las ayudaría a desarrollar su propio negocio en Internet y ganar hasta $10,000 por mes. Según se alega en la demanda de la FTC, los telemercaderes de Ivy Capital les preguntaron a los consumidores cuál era el monto de crédito disponible que les quedaba en sus tarjetas de crédito y luego los persuadieron para usar un monto considerable de la disponibilidad de sus respectivas cuentas para comprar un programa de instrucción para iniciar su propio negocio. Pero según se alega en la demanda, los productos y servicios prometidos eran inservibles y carentes de valor. Los instructores “expertos” de Ivy Capital carecían de conocimientos y experiencia indicada, sus programas software para crear sitios Web no funcionaban, y no existía ningún abogado ni contador disponible que pudiera ofrecer la asistencia prometida por los demandados. Los consumidores pagaron hasta $20,000 por un programa de instrucción para iniciar su propio negocio y otros productos y servicios relacionados pero recibieron muy poco a cambio.

Según se alega en la demanda de la FTC, los telemercaderes de Ivy Capital llamaron a personas que habían respondido a mensajes de correo electrónico y anuncios de oportunidades de negocio de trabajo-en-casa o de emprendimientos en Internet. Estas oportunidades eran ofrecidas por compañías tales como, Jennifer Johnson’s Home Job Placement Program y Brent Austin’s Automated Wealth System. Los anuncios fueron originados por compañías ficticias creadas por Ivy Capital con el fin de generar listados de posibles compradores – nombres y números de teléfono de potenciales clientes – para su propia operación. En la demanda también se alega que durante las llamadas telefónicas que podían llegar a durar hasta más de una hora, los telemercaderes de Ivy Capital usaron técnicas de alta presión y les prometieron a los consumidores que podrían ganar miles de dólares por semana trabajando solamente entre 5 y 10 horas semanales. Poco tiempo después de inscribirse en el programa, los consumidores recibieron llamadas de parte de compañías afiliadas con Ivy Capital que les ofrecían servicios adicionales para ayudarlos con el negocio, esa supuesta ayuda incluía acceso a créditos, asesoría especializada en impuestos y otros servicios que podían llegar a costar miles de dólares aparte del cargo original. Ivy Capital les ofreció a los clientes un programa de reintegro de dinero tan complicado que en la práctica resultaba sumamente difícil que una persona pudiera conseguir que le devolvieran lo que había pagado si cancelaban. De acuerdo a la demanda de la FTC, a algunos consumidores que presentaron quejas en repetidas ocasiones ante agencias estatales y federales les ofrecieron un reintegro bajo la condición de que aceptaran no desprestigiar públicamente a los demandados y que mantuvieran la confidencialidad de los reembolsos obtenidos.

Presuntamente, los demandados del caso Ivy Capital tergiversaron las potenciales ganancias de su programa y los productos y servicios que podrían proveer, y no informaron íntegramente su política de reintegros y tampoco la cumplieron, todo lo cual constituye una violación de las disposiciones de la Ley de la FTC (FTC Act). Presuntamente, los demandados tergiversaron sus servicios, no informaron íntegramente su política de reintegros, llamaron a números telefónicos inscritos en el Registro Nacional No Llame, y no pagaron el cargo aplicable para acceder a dicho registro, todo lo cual constituye una violación de las disposiciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo (Telemarketing Sales Rule).

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar al personal a presentar la demanda fue 5-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Nevada. El 22 de febrero de 2011, la FTC obtuvo una orden expedida por la corte que dictamina el cese temporal de las prácticas engañosas de Ivy Capital, el congelamiento de los activos de los demandados y designó un administrador para tomar el control de la empresa demandada.

Presuntamente, National Sales Group, Anthony J. Newton, Jeremy S. Cooley, y I Life Marketing LLC, también en ejercicio del comercio bajo el nombre de Executive Sales Network y Certified Sales Jobs, efectuaron declaraciones falsas sobre oportunidades de empleo. Según se alega en la demanda de la FTC , los demandados anunciaron empleos inexistentes para trabajar en el área de ventas, bien pagos y con beneficios, en el sitio CareerBuilder.com y en otros boletines de puestos de trabajo publicados en Internet, y sus telemercaderes les dijeron falsamente a los consumidores que la firma había reclutado personal para empleadores Fortune 1000 y que poseía la capacidad exclusiva de conseguir que entrevistaran y contrataran a sus candidatos. La FTC alegó que los demandados cobraron cargos que según decían eran para cubrir los gastos de las verificaciones de antecedentes y otros servicios, y con frecuencia cobraban de más, imputándole $97 a consumidores que habían aceptado pagar un cargo de $29 ó $38. A algunos consumidores también les cobraron cargos mensuales recurrentes de $13.71 o más sin su consentimiento. De acuerdo a los documentos presentados ante la corte, la operación ha generado más de 17,000 quejas ante agencias a cargo del cumplimiento de la ley, foros en línea, y boletines de puestos de trabajo – debido a la cantidad de quejas presentadas, CareerBuilder.com dio de baja a la compañía de su sitio Web – y la operación defraudó a los consumidores por al menos $8 millones de dólares.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar al personal a presentar la demanda fue 5-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, División de la Región Este. El 22 de febrero de 2011, la corte dictaminó el cese temporal de las prácticas engañosas de la compañía, congeló los activos de los demandados y puso a la compañía bajo administración judicial. La FTC agradece la asistencia prestada por el Departamento de Policía de Santa Bárbara, la oficina de Better Business Bureau de Tri-Counties, la oficina del Fiscal General de California, y CareerBuilder.com.

Presuntamente, Business Recovery Services LLC y Brian Hessler ofrecieron a la venta productos y servicios a través del sistema de telemercadeo manifestando falsamente que podrían ayudar a los consumidores a recuperar el dinero que habían perdido en manos de operaciones de oportunidades de negocio y trabajo-en-casa, vendiendo cientos de variaciones de kits hágalo-usted-mismo adaptados a esquemas particulares con precios que llegaban a costar hasta $499. La FTC alegó que los demandados violaron las disposiciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo (Telemarketing Sales Rule) tergiversando la naturaleza y efectividad de sus servicios, y aceptando pagos adelantados de parte de consumidores para recuperar el dinero perdido en anteriores transacciones de telemercadeo sin esperar los siete días hábiles requeridos por la Regla para que los consumidores recibieran el dinero recuperado. De acuerdo a lo indicado en otros documentos presentados ante la corte, se calcula que como resultado de esta estafa los consumidores perdieron $1.5 millones de dólares.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar al personal a referir la demanda al Departamento de Justicia para la imputación de multas administrativas fue 5-0. El Departamento de Justicia presentó la demanda en nombre de la Comisión ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona para conseguir que se dictamine el cese permanente de las prácticas mencionadas. El Departamento de Justicia también le está solicitando a la corte que expida una orden de carácter preliminar para que los demandados dejen de cobrar cargos por adelantado a los consumidores hasta que se resuelva el caso.

Otros casos de la FTC

Además de los nuevos casos anunciados hoy por la FTC, la agencia también está comunicando el cierre de una operación, y otros acuerdos resolutorios u órdenes de la corte de carácter final para clausurar otras seis operaciones fraudulentas. En su conjunto, estas acciones imponen sentencias monetarias que totalizan más de $14 millones de dólares.

Según se alega, Darling Angel Pin Creations Inc., Shelly R. Olson, y Judith C. Méndez declararon en anuncios publicados en Internet y en periódicos que los consumidores que compraran su kit de inicio podrían ganar hasta $500 por semana armando broches con diseño de ángeles, sin ningún requerimiento de experiencia, sin herramientas especiales y sin necesidad de tener conocimientos de costura. Para comenzar, los consumidores pagaron hasta $45 y algunas veces, volvieron a pagaron cientos de dólares para recibir más materiales. Los consumidores no podían percibir ningún ingreso hasta tanto la compañía aprobara uno de los broches terminados, pero la compañía rechazaba casi todos los broches cualquiera fuera la calidad del producto terminado. Según se alega en la demanda de la FTC, los demandados efectuaron declaraciones falsas y sin fundamento infringiendo las disposiciones de la Ley de la FTC (FTC Act).

La FTC obtuvo una orden por incomparecencia contra Darling Angel Pin Creations, Inc., que impone una sentencia monetaria de $3.5 millones de dólares contra la compañía y también se han convenido los términos de los acuerdos resolutorios con Olson y Méndez. Conforme a los términos de las órdenes de acuerdo, Olson y Méndez quedarían inhibidas para vender oportunidades de trabajo-en-casa y se les prohibiría tergiversar la naturaleza de cualquier bien o servicio y hacer declaraciones respecto de los beneficios de los productos sin los fundamentos correspondientes. Las órdenes de acuerdo propuestas le impondrían una sentencia monetaria de $3.5 millones de dólares, que según indican otros documentos presentados ante la corte, representa el monto total perdido por consumidores afectados. La sentencia quedaría suspendida después de que Méndez pague $2,000 y traspase la titularidad de los fondos de una cuenta IRA, y cuando Olson ceda todos los fondos disponibles en sus cuentas bancarias. En caso de que se compruebe que las demandadas tergiversaron su situación financiera, deberán cumplimentar el pago del monto total de las sentencias monetarias. El resultado de la votación de la Comisión para autorizar al personal a presentar las sentencias acordadas propuestas fue 5-0. Los documentos fueron presentados ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, División Tampa.

Presuntamente, Global U.S. Resources, también en ejercicio del comercio bajo el nombre de American Publishing, American Publications, American Power Publications, ESM Group, y East Shore Marketing Group, y Louis Salatto, tergiversaron las potenciales ganancias de su operación de llenado de sobres – en una declaración los demandados dicen que se podría ganar dinero ensobrando circulares. Según se alega en la demanda de la FTC, los consumidores que pagaron un cargo “reintegrable”, usualmente de $40, no recibieron el ingreso prometido de entre $1,200 y $4,400 por semana. Por lo general, los consumidores no recibieron nada o solamente un panfleto en el cual se listaban otras falsas oportunidades de trabajo-en-casa y las instrucciones para comercializarlas. En general, los consumidores que procuraron que les reintegraran su dinero no lograron comunicarse con ninguna persona de la compañía y sólo consiguieron su reintegro quejándose ante una oficina de Better Business Bureau o ante una agencia de cumplimiento de ley.

La corte les ordenó a los demandados el pago de $2.2 millones de dólares, que de acuerdo a otros documentos presentados ante la corte, es la suma que refleja el monto total de dinero perdido por más de 50,000 consumidores afectados y los inhibe para vender oportunidades de trabajo-en-casa. La orden también les prohíbe a los demandados tergiversar la naturaleza de cualquier producto o servicio y vender la información personal de los clientes o valerse de algún otro modo de esa información para obtener un beneficio y están obligados a deshacerse debidamente de esa información dentro de un plazo de 30 días. La orden por incomparecencia fue dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Connecticut.

La FTC agradece la asistencia brindada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General de Connecticut, y la oficina de Better Business Bureau que presta servicio a Connecticut.

Según se alega, actuando en violación de lo dispuesto por la Ley de la FTC (FTC Act), U.S. Work Alliance, Inc., en ejercicio del comercio bajo el nombre de Exam Services; Tyler Franklin Long, y Brenda Long manifestaron falsamente que estaban afiliados con el Servicio Postal de EE.UU. y afirmaron que había empleos postales disponibles en las áreas donde se publicaron los anuncios. Según se alega en la demanda de la FTC, también declararon falsamente que los consumidores que usaran sus materiales tendrían mayores probabilidades que otros de aprobar el examen de ingreso al servicio postal y que aquellas personas que aprobaran el examen serían contratadas. Después de un juicio, la corte expidió una orden requiriendo que U.S. Work Alliance y Tyler Long pagaran un monto de $1.6 millones de dólares, que de acuerdo a lo que se indica en otros documentos presentados ante la corte, es la suma que refleja el total del dinero perdido por los consumidores afectados. La orden judicial les prohíbe a los demandados la comercialización de servicios de empleo y les prohíbe efectuar cualquier tipo de tergiversación en sus anuncios referidas a afiliaciones o endosos con cualquier entidad, costo total de los servicios, y los términos de cualquier política de reintegro. También se les prohíbe vender la información de los clientes o valerse de algún otro modo de esa información para obtener un beneficio y están obligados a deshacerse debidamente de esa información dentro de un plazo de 30 días. En fecha previa, Brenda Long se allanó a una orden de conformidad y se resolvieron las alegaciones en su contra. La orden fue dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Georgia, División Atlanta.

Según se alega, Preferred Platinum Services Network, LLC, también en ejercicio del comercio bajo el nombre de Home Based Associate Program, The Postcard Processing Program, y PPSN LLC, y sus principales Philip D. Pestrichello, y Rosalie Florie, comercializaron y vendieron, a cambio del pago de un supuesto único cargo de $90, una oportunidad de trabajo-en-casa fraudulenta prometiéndoles a los consumidores que podrían ganar $1 por cada tarjeta postal etiquetada. Según se alega en la demanda de la FTC, ningún consumidor logró ganar el ingreso prometido, y unos pocos, en caso de haber alguno, recibieron algún pago. Además, los demandados no informaron debidamente que los consumidores tendrían que pagar un cargo extra por cada fajo adicional de tarjetas postales. La FTC alegó que a los consumidores que trataron de cancelar su membresía o que solicitaron un reintegro se les denegó su pedido. Una orden dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de New Jersey les impone a los demandados una sentencia monetaria de $1.3 millones de dólares, que de acuerdo a lo que se indica en otros documentos presentados ante la corte, refleja el monto perdido por los consumidores afectados, e inhibe a Pestrichello y Florie para vender oportunidades de trabajo-en-casas. La orden por incomparecencia también les prohíbe a los demandados tergiversar la naturaleza de cualquier tipo de bien o servicio y vender la información personal de los clientes o valerse de algún otro modo de esa información para obtener un beneficio y están obligados a deshacerse debidamente de esa información dentro de un plazo de 30 días.

Este caso fue entablado con la asistencia de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de New York; la División de Newark del Estado de New Jersey del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos; la Oficina del Fiscal General de New Jersey; el Departamento de Asuntos de los Consumidores de Ocean County; y la oficina de Better Business Bureau de New Jersey. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de New York presentó cargos penales por fraude postal contra Pestrichello y Florie. En el mes de diciembre de 2010, un juez federal condenó a Pestrichello a 97 meses de prisión y tres años de libertad bajo supervisión, y ordenó una confiscación de $1 millón de dólares y la restitución de $88,000. El Fiscal Federal convino un acuerdo de enjuiciamiento diferido con Florie.

Según se alega, Abili-Staff Ltd., Equitron LLC, Pamela Jean Barthuly, y Jorg Wilhelm Becker, vendieron oportunidades de trabajo-en-casa en Internet, prometiendo que a cambio del pago de un cargo de hasta $89.99 los consumidores podrían tener acceso ilimitado y protegido con contraseña a más de 1,000 listados de vacantes de empleo y podrían obtener un reintegro total en caso de que no encontraran trabajo. Los demandados manifestaron que su negocio era “libre de estafas” y “legítimo”, pero según se alega en la demanda de la FTC, Abili-Staff bloqueó el acceso de los clientes a su sitio Web antes de la fecha de expiración de la membresía, y exageró la cantidad de oportunidades de trabajo listadas. Los clientes que intentaron conseguir un reintegro sólo obtuvieron respuestas evasivas. Bajo los términos de una orden judicial, los demandados quedan inhibidos para vender oportunidades de trabajo-en-casa y se les prohíbe tergiversar la naturaleza de cualquier producto o servicio. A los demandados también se les prohíbe vender la información personal de los clientes o valerse de algún otro modo de esa información para obtener un beneficio y están obligados a deshacerse debidamente de esa información dentro de un plazo de 30 días. Los demandados pagarán alrededor de $830,000 de una sentencia estipulada en $3.6 millones de dólares, el pago de la diferencia entre estas dos sumas queda suspendido debido a la incapacidad de pago manifestada por los demandados. En caso de que se compruebe que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán cumplimentar el pago del monto total estipulado. De acuerdo a lo indicado en otros documentos presentados ante la corte, se calcula que esté caso afectó a 75,000 consumidores que perdieron un total de $3 millones de dólares con esta estafa. El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la sentencia acordada fue 5-0. La sentencia acordada fue dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, División San Antonio.

Según se alega, Entertainment Work, Inc., que también operó como Resource Publishing Co. y Resource Publishing of Delaware, y sus propietarios Jason Arthur Barnes y Racquelle Hart Barnes, vendieron membresías de prueba a través de un sitio Web manifestándoles falsamente a los consumidores que poseían listas de vacantes de trabajos locales como “extras” de cine y televisión. Según se alega en la demanda de la FTC, en verdad, en el sitio Web se listaban empleos que en su mayoría estaban desactualizados o no estaban relacionados con el trabajo de “extras”, o que no estaban dentro de la localidad de residencia del consumidor. Se presume que la compañía no les informó a los consumidores que tendrían que pagar un cargo extra o atravesar un arduo proceso de cancelación para evitar la extensión automática de su membresía de prueba que les costaría $80 más.

Bajo los términos del acuerdo resolutorio, los demandados están inhibidos para comercializar productos o servicios relacionados con oportunidades de empleo y tienen prohibido efectuar declaraciones que induzcan a error para dar a publicidad o vender cualquier tipo de bien o servicio. También se les prohíbe vender la información personal de los clientes o valerse de algún otro modo de esa información para obtener un beneficio y están obligados a deshacerse debidamente de esa información dentro de un plazo de 30 días. Además, deben efectuar las declaraciones requeridas en caso de que vendan productos por medio de transacciones de “opción negativa”, que son aquellas en las que el vendedor interpreta el silencio o falta de acción del consumidor como una autorización para cobrarle o hacerle un cargo. Los términos del acuerdo resolutorio imponen una sentencia monetaria de $2.4 millones de dólares que refleja el monto que los consumidores le pagaron a Entertainment Work. La sentencia monetaria ha sido suspendida parcialmente por la incapacidad de los demandados de pagar el monto total. En caso de que se compruebe que los demandados tergiversaron su situación financiera, deberán cumplimentar el pago del monto total de la sentencia monetaria. El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la sentencia acordada fue 5-0. La sentencia acordada fue dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.

Presuntamente, La Asociación Nacional de Trabajo, también conocida como L.A.N.D.T., publicó anuncios en español en todo el país y les dijo a las personas que llamaron respondiendo a los anuncios que, a cambio del pago de un cargo de aproximadamente $25, podrían comenzar a ganar hasta $1,000 por semana trabajando desde sus casas armando productos tales como llaveros. En respuesta a una requisitoria de la FTC, la compañía cesó toda la publicidad y venta de sus productos.

*Demandados del caso Ivy Capital Inc. – Los demandados de este caso son Kyle G. Kirschbaum, John H. Harrison, Steven E. Lyman, Benjamin E. Hoskins, Christopher M. Zelig, Steven J. Sonnenberg, James G. Hanchett, Joshua F. Wickman, Ivy Capital Inc., Fortune Learning System LLC, Fortune Learning LLC, Vianet Inc., Enrich Wealth Group LLC, Business Development Division LLC, Nevada Corporate Division Inc., Nevada Corporate Division LLC, Credit Repair Division Inc., Credit Repair Division LLC, Tax Planning Division LLC, Zyzac Commerce Solutions Inc., 3 Day MBA LLC, The Shipper LLC, en ejercicio del comercio bajo el nombre de Wholesalematch.com, Global Finance Group LLC y Virtual Profit LLC, Dream Financial, ICI Development Inc., Ivy Capital LLC, Logic Solutions LLC, Oxford Debt Holdings LLC, Revsynergy LLC, y Sell It Vizions LLC. Los demandados que recibieron fondos o bienes provenientes de las ganancias mal habidas obtenidas como resultado de los actos ilegales de los demandados mencionados anteriormente son Cherrytree Holdings LLC, Oxford Financial LLC, S&T Time LLC, Virtucon LLC, Curva LLC, Mowab Inc., Kierston Kirschbaum, Melyna Harrison, Tracy Lyman, y Leanne Hoskins.

NOTA: La Comisión autoriza la presentación de una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. La demanda no es un fallo ni una sentencia respecto de la violación efectiva de la ley por parte de los demandados. Las órdenes de conformidad sólo se expiden con fines de acuerdo y no constituyen una admisión respecto de la violación efectiva de la ley por parte de los demandados. Una orden de conformidad está sujeta a la aprobación de la corte y adquiere plena fuerza de ley cuando es firmada por el juez de la Corte de Distrito.

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La Comisión Federal de Comercio (FTC) trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja o para obtener información gratuita sobre temas de interés del consumidor visite www.ftc.gov/espanol o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY: 1-866-653-4261. La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura y herramienta investigativa llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que es utilizada por más de 1,800 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero.

(FTC File Nos. 1023218, 1023246, 1123009, X100014, X100047, X080063, X100016, X100021, X100017)

(Operation Empty Promises)