Estafa de Inmigración Clausurada por la FTC

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A petición de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC), un juez federal clausuró una operación que actuaba haciéndose pasar por el gobierno de Estados Unidos, y que embaucó a inmigrantes para que pagaran cargos entre $200 y $2,500 declarando que dichos cargos cubrirían el costo de procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS). La corte ordenó el congelamiento de los bienes de los demandados y designó un administrador judicial para que asuma el control del negocio hasta tanto se resuelva el caso. La FTC ha solicitado a la corte que ordene el cese permanente de las prácticas comerciales de esta operación y que les ordene a sus responsables que les restituyan el dinero a sus víctimas.

El verdadero Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una división del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), ofrece información y asesoramiento a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos y a las personas que están procurando inmigrar a Estados Unidos. USCIS provee formularios de solicitud para beneficios tales como la renovación de tarjetas verdes, visas de trabajo y peticiones de asilo. Los formularios de solicitud son gratis pero su procesamiento puede costar cientos o miles de dólares.

Según la FTC, los demandados Immigration Center y Immigration Forms and Publications, Inc., establecieron sitios Web imitando el diseño de sitios oficiales, y utilizaron esos sitios falsos para dirigir a los inmigrantes hacia su operación de telemercadeo engañosa. En los sitios Web figuraban imágenes del águila americana, de la bandera de Estados Unidos, y de la Estatua de la Liberta y tenían direcciones de Internet tales como www.uscis-ins.us y www.usgovernmenthelpline.com. En los sitios se les indicaba a los consumidores que llamaran a un número de acceso gratuito donde escuchaban una respuesta automatizada que decía “Immigration Center”. A continuación, la llamada era transferida a una persona que respondía diciendo “USCIS” o “U.S. Immigration Center” y que se identificaba como un “agente”, “oficial de inmigración”, o “asistente social”. En los sitios también ofrecieron asesoramiento y formularios de solicitud. La FTC dijo que el asesoramiento fue ofrecido por telemercaderes que no cumplían con los requisitos legales establecidos para proveer servicios de inmigración.

Según la FTC, para confundir todavía más a los consumidores, los demandados vendían los formularios por un monto igual al de los cargos de procesamiento cobrados por el gobierno. Los consumidores equivocadamente creían que estos cargos cubrían el costo de procesamiento de USCIS. A algunos de los consumidores que solicitaron los formularios les dijeron que usaran un servicio de correo urgente para enviar cheques para cubrir los costos. Otros consumidores pagaron en efectivo o con una orden de pago contra entrega (money order on delivery). Los consumidores terminaron pagando formularios de solicitud que nunca fueron procesados por USCIS por incumplimiento con el pago oficial de procesamiento, o, en algunos casos fueron cobrados dos veces, una vez por los demandados y otra vez por el gobierno después de haber recibido la información bancaria suministrada por los demandados.

La FTC acusó a los demandados de violar la ley federal declarando falsamente:

  • que estaban autorizados para proveer servicios de inmigración y naturalización;
  • que estaban afiliados con el gobierno de Estados Unidos;
  • que los cargos pagados por los consumidores cubrirían todos los costos relacionados con la presentación de documentos de inmigración ante el USCIS

Además, dos de los demandados fueron acusados de suministrarles a los demás los medios e instrumentos necesarios para propiciar el esquema ilegal.

El domicilio correcto del sitio Web del USCIS es www.uscis.gov y www.uscis.gov/espanol, en inglés y en español respectivamente.

Los demandados señalados en este caso son Immigration Center; Immigration Forms and Publications, Inc; Charles Doucette, individualmente y en ejercicio del comercio bajo el nombre de Telestaffing; Immigration Forms and Services y Immigration Form Processing; Deborah Stilson, también conocida como Deborah Malmstrom; Alfred Boyce; Thomas Strawbridge; Robin Meredith; Thomas Lawrence; y Elizabeth Meredith.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue 5-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Nevada.

La FTC desea agradecer la invalorable asistencia prestada en este asunto por el Departamento de Seguridad Nacional; el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos; el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos; la Oficina del Fiscal General de Colorado; la Oficina del Fiscal General de Missouri; la Oficina del Fiscal General de Nevada; la Oficina del Alguacil del Condado Pettis, Missouri; el Departamento de Justicia y Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración; y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. La demanda no es un fallo ni una sentencia respecto de la violación efectiva de la ley por parte del demandado. El caso será decidido por la corte.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja o para obtener información gratuita sobre temas de interés del consumidor visite www.ftc.gov/espanol o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY: 1-866-653-4261. La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura y herramienta investigativa llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que es utilizada por más de 1,800 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero.

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